Semejante criterio se podría justificar si se lo aplicara también a los delitos vinculados a la corrupción, a las violaciones de los derechos laborales, etc.
Se trata de un sistema publicitado como exitoso, que se "exporta" pero que, en realidad, no se aplica en ninguna parte, salvo en Nueva York, donde es muy cuestionado.
En el fondo, subyace una política de menor participación del estado en la regulación en materia económica, por oposición a un aumento en la represiva, que se traduce en más policías, legislación penal más dura, etc.
Loïc Wacquant entiende que existe una política de criminalización de la miseria.
La desregulación económica y la precarización laboral se completan con la retracción del estado en el campo de la asistencia social.
En Estados Unidos, el ascenso del estado penal y el concomitante debilitamiento del estado social cumplen con el objeto de disciplinar y separar del cuerpo social a determinados grupos considerados peligrosos. En ese contexto, la cárcel reemplaza al gueto como forma de encierro.
