Loïc Wacquant - Las cárceles de la miseria

El sociológo Loïc Wacquant sostiene, parafraseando al criminólogo Adam Crawford, que por "tolerancia cero" debe entenderse "intolerancia selectiva", en referencia a un contenido discriminatoria de la pobreza en las prácticas policiales y judiciales.
Semejante criterio se podría justificar si se lo aplicara también a los delitos vinculados a la corrupción, a las violaciones de los derechos laborales, etc.
Se trata de un sistema publicitado como exitoso, que se "exporta" pero que, en realidad, no se aplica en ninguna parte, salvo en Nueva York, donde es muy cuestionado.
En el fondo, subyace una política de menor participación del estado en la regulación en materia económica, por oposición a un aumento en la represiva, que se traduce en más policías, legislación penal más dura, etc.
Loïc Wacquant entiende que existe una política de criminalización de la miseria.
La desregulación económica y la precarización laboral se completan con la retracción del estado en el campo de la asistencia social.
En Estados Unidos, el ascenso del estado penal y el concomitante debilitamiento del estado social cumplen con el objeto de disciplinar y separar del cuerpo social a determinados grupos considerados peligrosos. En ese contexto, la cárcel reemplaza al gueto como forma de encierro.
Entonces, el investigador se pregunta cuál será el camino a adoptar por Europa: la vigilancia y el encierro de los pobres o la creación de nuevos derechos ciudadanos orientados a la protección social y la construcción de un Estado social europeo que se precie de sí mismo.

William Bratton, ex jefe de la policía de Nueva York y "padre de la tolerancia cero" sentenció: "La causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales".
La política propiciada por Bratton dista de tener amplia vigencia en los Estados Unidos, donde las ciudades consideradas como modelos se llaman San Diego o Boston, pero de ningún modo Nueva York.
San Diego, en oposición a la "tolerancia cero", desarrolló la policía denominada "de cercanías", que pone el acento en la "resolución de los problemas" mediante la cooperación activa y regular con los residentes.
Como resultado la criminalidad descendió más significativamente en San Diego que en Nueva York, pese a que partió de índices más bajos, pero lo más importante es que la baja del delito estuvo acompañada por una menor cantidad de detenciones, una disminución de las denuncias y una nítida recuperación de la popularidad policial.
La otra ciudad que tiene seguidores en Estados Unidos es Boston, donde la criminalidad cayó tan claramente como en Nueva York después de que las autoridades desplegaran una estrategia original de prevención de los delitos violentos centrada en las armas de fuego y cuenta con la colaboración de las iglesias como vínculo entre la comunidad negra y la policía.
En marzo de 1999, la Oficina de Derechos Cívicos del Ministerio de Justicia del estado de Nueva York publicó un informe oficial que revelaba que la política de "calidad de vida" solo pudo ponerse en práctica degradando los derechos civiles elementales de los neoyorquinos negros y pobres, en primer lugar el de circular libremente sin ser detenidos, cacheados y humillados en público de manera arbitraria.
El criminólogo Adam Crawford, citado por Wacquant, sostiene que: "El concepto de "tolerancia cero" es una designación errónea. No implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible -por no decir intolerable-, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde está la 'tolerancia cero' de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? En realidad, sería más exacto describir las formas de actividad policial realizadas en nombre de la "tolerancia cero" como estrategias de "intolerancia selectiva".

A la atrofia deliberada del estado social corresponde la hipertrofia distópica del estado penal.
En este aspecto, cinco tendencias de fondo caracterizan la evolución penal de los Estados Unidos desde el cambio social y racial comenzado en la década del setenta en respuesta a los avances democráticos provocados por el levantamiento negro y los movimientos populares de protesta que se desataron en la década precedente.
La primera tendencia es la expansión vertical del sistema o la hipertrofia carcelaria.
2 millones de presos en 1998, con un crecimiento anual promedio de casi el ocho por ciento durante la década del noventa.
Si fuera una ciudad, el sistema carcelario estadounidense sería hoy la cuarta mayor metrópoli del país.
La segunda tendencia consiste en la extensión horizontal del sistema penal.
El "gran encierro" de este final de siglo no da justa medida de la extraordinaria expansión del imperio penal norteamericano. Por un lado, no tiene en cuenta a las personas condenadas a prisión en suspenso (probation) y puestas en libertad condicional tras haber purgado la mayor parte de su sentencia.
Por otro, la cancelación de las liberaciones anticipadas y la mutación de la libertad condicional en dispositivo policial destinado ya no a ayudar a los ex detenidos a reinsertarse, sino a recapturarlos en la mayor cantidad posible mediante su sometimiento a una vigilancia intensiva y a una disciplina meticulosa.
Este cambio de objetivo y de resultado traduce el abandono del ideal de la rehabilitación y su reemplazo por una "ciencia penal" cuya finalidad no es ya prevenir el crimen ni tratar a los delincuentes con vistas a su eventual regreso a la sociedad una vez cumplida su sentencia, sino a aislar grupos percibidos como peligrosos y neutralizar a sus miembros más perturbadores.
En tercer lugar, encontramos el crecimiento desmesurado del sector penitenciario dentro de la administración pública.
El "mundo penitenciario" contaba con más de seiscientos mil empleados en 1993, lo que hace de él el tercer empleador del país, apenas por debajo de General Motors y de Wal-Mart.
En cuarto sitio, la expansión sin precedentes de las actividades carcelarias del Estado norteamericano está acompañada por el desarrollo frenético de una industria privada de la prisión.
Nacida en 1983, ésta ya ha logrado englobar a cerca del siete por ciento de la población carcelaria (o sea 132.000 plazas en 1998, contra apenas 15.000 en 1990).
La quinta tendencia de la evolución penitenciaria estadounidense es el "ennegrecimiento" constante de la población detenida que hace que, desde 1989, y por primera vez en la historia, los afroamericanos sean mayoritarios entre los nuevos ingresados en las prisiones estaduales, aunque no representen más que el 12 por ciento de la población del país.
La profundización rápida y continua de la distancia entre blancos y negros no es el resultado de una divergencia súbita en la propensión de unos y otros a cometer crímenes y delitos.
Delata, ante todo, el carácter fundamentalmente discriminatorio de las prácticas policiales y judiciales de las dos últimas décadas.
Como resultado, en muchos estados como el de Nueva York, la cantidad de presos de color es hoy claramente superior a la de los estudiantes inscriptos en los campus de las universidades públicas.

Lo que hay que retener es la lógica profunda de ese vuelco de lo social hacia lo penal.
Lejos de contradecir el proyecto neoliberal de desregulación y extinción del sector público, el irresistible ascenso del Estado penal norteamericano constituye algo así como su negativo, porque traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización de la miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado precario y mal pago como obligación ciudadana, así como de la nueva configuración de los programas sociales en un sentido restrictivo y punitivo que le es concomitante.
En primer lugar, el sistema penal contribuye directamente a regular los segmentos inferiores del mercado laboral.
Comprime artificialmente el nivel de desocupación al sustraer por la fuerza a millones de hombres de la “población en busca de un empleo”.
De todas formas, la hipertrofia carcelaria es un mecanismo de doble filo: si bien a corto plazo mejora la situación del empleo al recortar la oferta de trabajo, en un plazo más largo no puede sino agravarla, al hacer que millones de personas sean poco menos que inempleables.
La segunda función que asume el sistema carcelario en el nuevo gobierno de la miseria en los Estados Unidos consiste en suplir al gueto como instrumento de encierro de una población considerada como desviada y peligrosa lo mismo que superflua.
La lógica panóptica y punitiva característica del campo penal tiende a contaminar y luego a redefinir los objetivos y dispositivos de la ayuda social.
Por ejemplo, desde octubre de 1998, en Michigan, los receptores de ayudas deben someterse obligatoriamente a una prueba de detección de estupefacientes, a semejanza de los condenados en libertad vigilada o condicional.

A diferencia de los Estados Unidos, la expansión penitenciaria no se alimenta en Francia de la carcelarización a ultranza, sino que está acompañada por una extensión de la cobertura asistencial de las poblaciones excluidas del mercado laboral.
De modo que, más que un vuelco de lo social hacia lo penal, en Francia, como en muchos otros países del continente de fuerte tradición estatal, se observa una intensificación conjunta del tratamiento social y penal de las categorías persistentemente marginadas por la mutación del trabajo asalariado y la reconfiguración correspondiente de las políticas de protección.
Empero, si bien los medios utilizados por el Estado penal francés son diferentes de los del Estado norteamericano, tanto en uno como en otro, la reestructuración de la economía penal acompaña y sostiene la de la economía salarial, y la prisión sirve de linde y vertedero al nuevo mercado del empleo no calificado.
Así, la mitad de las personas encarceladas en Francia durante 1998 tenían un nivel de educación primaria (contra un tres por ciento que habían hecho estudios universitarios), y puede calcularse que entre la tercera parte y la mitad de ellos carecían de empleo en vísperas de que las pusieran entre rejas.
En Francia, la participación de los extranjeros en la población penitenciaria pasó de 18 por ciento en 1975 a 29 por ciento veinte años después (cuando solo representan el seis por ciento de la población total del país).
En verdad, se trata prioritariamente de un encarcelamiento de diferenciación o de segregación, orientado a mantener apartado a un grupo y facilitar su sustracción del cuerpo societal (resulta cada vez con más frecuencia en la deportación y la proscripción del territorio nacional), en oposición al “encierro de autoridad” y el “encierro de seguridad”.

Estados Unidos optó claramente por la criminalización de la miseria como complemento de la generalización de la inseguridad salarial y social.
Europa está en una encrucijada de caminos, enfrentada a una alternativa histórica: por un lado, en última instancia, el encierro de los pobres y el control policial y penal de las poblaciones desestabilizadas por la revolución del trabajo asalariado y el debilitamiento de la protección social exigido por ella y, por el otro, y desde hoy, la creación de nuevos derechos del ciudadano, tales como el ingreso de existencia, independiente de la realización o no de un trabajo, la educación y la formación de por vida, el acceso efectivo a la vivienda para todos y la cobertura médica universal, acompañada de una reconstrucción agresiva de las capacidades sociales del Estado que conduzca rápidamente a la instauración de un Estado social europeo digno de ese nombre.